Los Senadores Bob Menendez (D-N.J) y Marco Rubio (R-Fla.), junto a la Congresista Nydia Velázquez (D-N.Y.-07), aplaudieron hoy la aprobación del proyecto de ley bicameral y bipartidista de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico (PRRADA, por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes, luego de ser aprobado en el Senado de los Estados Unidos. El proyecto de ley se dirige ahora al escritorio del Presidente Biden para su promulgación.

“Me entusiasma que la Cámara de Representantes haya aprobado la Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico, superando el último obstáculo para que este proyecto de ley bipartidista y bicameral sea firmado por el presidente Biden,” dijo el Senador Menéndez. “Este proyecto de ley cerrará un vacío jurídico que durante demasiado tiempo permitió a los asesores y consultores de bancarrota enriquecerse a costas del empeoramiento de las desigualdades económicas en Puerto Rico sin tener que revelar sus conflictos de intereses con los acreedores de la isla. El pueblo de Puerto Rico tendrá por fin la transparencia que se merece en el proceso de reestructuración de la deuda”.

“Ya que la Cámara de Representantes ha aprobado esta importante legislación bipartidista, nuestros compatriotas en Puerto Rico están un paso más cerca de beneficiarse al cerrar vacíos existentes y así poder traer la transparencia que tanto necesita la país”, dijo el Senador Rubio. “Insto al presidente Biden a que firme este proyecto de ley lo más pronto posible y se asegure que se implemente por completo”.

“Estoy muy orgullosa de que hoy la Cámara haya dado el paso final para enviar la Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico al escritorio del Presidente para que se convierta en ley”, dijo la Congresista Velázquez. “Al aplicar un sólido requisito de divulgación a todos los procedimientos del Título III de PROMESA y eliminar el trato inequitativo al que se enfrenta el pueblo de Puerto Rico, este proyecto de ley ayudará a restablecer la confianza en que los asesores de quiebra de la Junta no tienen su ‘pulgar en la balanza’ para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio y garantizará la integridad del proceso de PROMESA aportando transparencia y confianza al futuro de la isla”.

En el 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un esfuerzo para proporcionar al pueblo de Puerto Rico un proceso de bancarrota estandarizado que permitiera a la isla reestructurar sus deudas, pagar a los acreedores, aprobar proyectos de infraestructura cruciales y promover el crecimiento económico y el desarrollo. Entre otras razones, el Senador Menéndez se opuso a PROMESA porque no exigía que los asesores de quiebra, los contadores y otros profesionales implicados en la reestructuración de la deuda revelaran sus conflictos de intereses con los acreedores a los que Puerto Rico les debía dinero.

La legislación bipartidista y bicameral aprobada hoy impondrá sólidos requisitos de divulgación a todos los asesores y consultores de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, cerrando la laguna jurídica de PROMESA que ha perjudicado al pueblo de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de la deuda. PRRADA requerirá que los abogados, contadores y todos los demás profesionales involucrados en la reestructuración de la deuda revelen los posibles conflictos de intereses, asegurando que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por la ley en los casos de bancarrota del territorio continental de los Estados Unidos.

La aprobación de PRRADA se produce después de que un juez federal aprobara el plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que consolida alrededor de $33,000 millones en reclamaciones existentes. Después de 5 años de procedimientos de quiebra, la promulgación de PRRADA es crucial para asegurar que las partes relacionadas con todas las consolidaciones presenten sus declaraciones de conflictos de interés y garanticen que cualquier reestructuración de la deuda sirva realmente a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

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