“El poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad”, advirtió este jueves el relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados.

Diego García-Sayán hizo estos señalamientos con motivo de un largo conflicto entre esos dos poderes del Estado, intensificado por los tweets del presidente Nayib Bukele que intentaron presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra las figuras de la oposición.

El experto dijo que las decisiones judiciales deben ser acatadas, “no interpretadas” por otros poderes del gobierno y subrayó que los tribunales no deben desacreditarse a los ojos del público “utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición”.

El caso de Sigfrido Reyes

El relator se refirió con preocupación especial al acoso judicial contra el miembro fundador del partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sigfrido Reyes, y contra su familia. Reyes también fue presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015.

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019, a pesar de que la Sección de Probidad de la misma Corte informó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia. Para escapar de esta persecución política, Reyes buscó protección en México, país que le concedió asilo.

Persecución de opositores

García-Sayán afirmó que esos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico sino que parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes. “Esto es completamente inaceptable en una democracia”, recalcó.

Según las informaciones del experto, mediante su cuenta de Twitter, el presidente Bukele jugó un papel importante en el juicio de Reyes y personas cercanas.

“El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador”, recalcó.

Recordó que la independencia del poder judicial está consagrada en la Constitución y en la ley del país y que es deber de todas las instituciones del Estado, incluido el presidente, “respetar y observar la independencia de los tribunales nacionales”. 

El relator especial dijo que el de Reyes no es un episodio aislado y relató que en los últimos meses parece haberse producido una serie de violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del poder ejecutivo, en particular el presidente Bukele.

Exhortación a desoír decisiones de la Corte Suprema

En septiembre pasado, el mandatario exhortó a las autoridades fronterizas a que hicieran caso omiso de un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional una decisión del poder ejecutivo que denegaba la entrada a El Salvador a los nacionales y extranjeros con derecho de residencia a menos que presentaran una prueba COVID realizada en las 72 horas anteriores.

El presidente había atacado previamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por otro veredicto, calificando a los magistrados de “hipócritas y malos abogados”.

“Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia”, concluyó el experto, e insistió en que no debe haber ninguna intervención inapropiada o injustificada en el proceso judicial y que las autoridades nacionales deben respetar y acatar las decisiones del Tribunal Supremo.

Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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