“Para satisfacer la expansión de una economía global adicta a la extracción, los Estados y las empresas siguen llegando a regiones cada vez más remotas, en busca de metales, minerales y combustibles fósiles, dejando un legado de contaminación y vertimiento de sustancias peligrosas”, señaló este viernes el relator especial* de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.

En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Marcos Orellana afirmó que los pueblos indígenas expuestos a sustancias peligrosas sufren una forma de violencia ambiental que causa muertes y pone en peligro vidas debido a la pérdida de fuentes de alimentos y plantas medicinales, entre otros daños.

Orellana agregó que muchas veces estas circunstancias obligan a los pueblos originarios a desplazarse, además de que afectan su salud provocándoles defectos congénitos y enfermedades tan graves como el cáncer.

Tierras ricas en recursos extractivos

El experto detalló que entre el 50% y el 80% de los recursos minerales destinados a la extracción se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

“Las compañías de petróleo y gas continúan explorando y explotando depósitos de hidrocarburos incluso cuando el planeta enfrenta una emergencia climática. Invariablemente, esto se debe a que los Estados promueven las industrias de combustibles fósiles, a menudo en las tierras y territorios de los pueblos indígenas”, apuntó.

Explicó que en algunos países los agronegocios exponen a esas comunidades a los pesticidas peligrosos que se utilizan en los monocultivos y que la fumigación aérea esparce indiscriminadamente sustancias tóxicas que se desplazan sobre cultivos y aguas que los pueblos indígenas precisan su consumo y tradiciones.

De acuerdo con el informe del relator, la expansión industrial, las industrias extractivas, las sustancias y desechos peligrosos y las actividades militares suponen una variedad de violaciones y abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Las mujeres de la comunidad indígena Wayúu de la Guajira, en Colombia, trabajan juntas en el proyecto de reciclaje más grande de su región.

Desechos peligrosos

Orellana argumentó, por ejemplo, que el vertido de desechos peligrosos, en particular en zonas militares, “deja cicatrices intergeneracionales en los pueblos indígenas. Decenios de eliminación de desechos en tierras indígenas o cerca de ellas han afectado a los cauces de agua interconectados y a las fuentes de alimentos”, acotó.

Añadió que, a veces, esos vertidos vuelven sus territorios inhabitables. “El desplazamiento forzado resultante de la contaminación tóxica amenaza la existencia misma de los pueblos indígenas”, advirtió.

Por otra parte, deploró que la discriminación racial impida la participación indígena en la toma de decisiones que afectan a sus pueblos a causa de la contaminación que acarrean.

Falta de justicia

Además, cuando estas comunidades buscan soluciones al impacto de los tóxicos, su acceso a la justicia es limitado.

En este sentido, el relator especial aseveró que la discriminación, la corrupción estatal y la falta de leyes protectoras cimentan la marginación continua de los pueblos originarios.

El experto destacó que los instrumentos internacionales que regulan las sustancias químicas y los desechos para proteger los derechos de los pueblos indígenas también son incapaces de detener los atropellos.

Por si fuera poco, los Estados tampoco cumplen de manera efectiva sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia.

El informe de Orellana recomienda a los Estados la identificación de actividades e industrias que causan efectos tóxicos en los pueblos indígenas y la adopción de medidas inmediatas para detener la afluencia a sus territorios de productos químicos industriales tóxicos, pesticidas y desechos peligrosos.

Del mismo modo, los insta a poner fin al doble rasero de permitir la producción y exportación de plaguicidas altamente peligrosos cuyo uso está prohibido en sus propios territorios.

A las empresas comerciales las conmina a buscar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras y medios de subsistencia se verían afectados por sus actividades.

Orellana afirmó que hacer frente a la violencia tóxica que sufren los pueblos indígenas es imprescindible para su supervivencia, su libre determinación y su autonomía cultural. “La realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas exige el respeto, la protección y la realización de su derecho a un entorno saludable, incluido su derecho a no estar expuestos a sustancias tóxicas y peligrosas”, concluyó.