Los planes de respuesta al coronavirus deben incluir medidas de protección a migrantes y víctimas de tráfico

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Algunos migrantes no tienen acceso a la más mínima defensa frente al COVID-19, carecen de agua y jabón, viven condiciones de hacinamiento o en centros de detención o trabajan en sectores informales. Los Estados deben tomar providencias para proteger a ese colectivo y a las víctimas de tráfico de personas, señalaron dos expertos en derechos humanos, que también urgieron a regularizar a los migrantes indocumentados para que puedan acceder a los servicios de salud.

“Los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo y las víctimas de explotación o tráfico de personas corren un gran riesgo frente al coronavirus COVID-19 porque viven o trabajan en entornos que podrían exponerlos sin que cuenten con la protección necesaria”, señalaron este viernes dos expertos de la ONU en derechos humanos.

En un comunicado conjunto, los relatores especiales sobre migrantes, Felipe González Morales, y sobre tráfico de personas, Maria Grazia Giammarinaro, urgieron los Estados a adoptar medidas inclusivas que protejan a esos grupos en sus planes nacionales de respuesta a la pandemia. Esas medidas tendrían que incluir pruebas, tratamiento médico, servicios de salud y asistencia social, detallaron.

Además, pugnaron por la regularización de los migrantes indocumentados para facilitarles el acceso a servicios de salud durante la emergencia.

“Me preocupa mucho que algunos migrantes y solicitantes de asilo no tengan acceso a una protección mínima contra el contagio, ni siquiera cuentan con agua limpia para lavarse las manos. Muchos viven en albergues abarrotados o en centros de detención sin la posibilidad de mantener el distanciamiento físico entre personas. Algunos trabajan en la agricultura o en los sectores informales sin ninguna medida de protección”, subrayó González Morales.

Muchos migrantes ni siquiera cuentan con agua limpia para lavarse las manos, viven en albergues abarrotados o en centros de detención sin mantener el distanciamiento físico

Decisión acertada

Los expertos aplaudieron la decisión de algunos Estados de otorgar derechos de residencia temporal, incluido el acceso a los servicios sociales y de salud a los migrantes y solicitantes de asilo en el marco de la pandemia.

“No se debe dejar a nadie atrás en la batalla global contra el COVID-19. Los Gobiernos tienen que adoptar medidas que garanticen que todos los individuos en su territorio nacional tengan acceso a los cuidados sanitarios, independientemente de su situación migratoria, para poder contener al virus”, apuntaron.

Extensión de programas

Los relatores llamaron asimismo a que se extiendan automáticamente al menos por seis meses todos los programas de protección y asistencia a migrantes en situación vulnerable y víctimas de tráfico para asegurar la continuidad del proceso de inclusión social de esas personas.

También pidieron extender durante un mínimo de medio año la protección a los niños no acompañados. 

Agregaron que se debe dar una atención especial a las instalaciones sobrepobladas o inadecuadas donde se encuentran los migrantes.

Los residentes de esos recintos, abiertos o cerrados, deben brindar información accesible sobre el COVID-19, así como consejos prácticos de prevención, acceso a agua limpia, saneamiento y otros materiales preventivos.

“Es crucial establecer protocolos con los proveedores sanitarios locales para asegurar el diagnóstico, las consultas médicas y el tratamiento de todos los residentes de las instalaciones migratorias”, enfatizó González Morales.

Los relatores concluyeron afirmando que incluir y proteger a los migrantes puede ayudar a que los planes nacionales de respuesta a la pandemia sean más efectivos.

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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