El director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Mark Morgan, dijo esta semana que Estados Unidos lanzará una operación para aumentar las deportaciones de los migrantes indocumentados que viven en este país, aunque no aclaró si esta medida va de la mano con el anuncio que hizo Donald Trump un día antes del lanzamiento de su campaña presidencial de sacar a “millones” de inmigrantes sin papeles.

La Voz Hispana News hace un recuento de las leyes y programas que protegen a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y que Trump ha luchado por desaparecer.    

DACA

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals), creado en el 2012 por el expresidente Barack Obama, protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

En 2017 cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos prometió acabar con el DACA que según cifras oficiales amparan de la deportación a unos 700,000 “soñadores”, como son conocidos quienes están beneficiados con este programa, algo que logró. 

Según un análisis, elaborado por los investigadores del Instituto de Política de Migración (MPI) Jie Zong y Jeanne Batalova, el 31 de enero de 2019, aproximadamente 680,000 personas mantenían el estatus de DACA.

Ese número “es una parte considerable de los cerca de 800,000 que obtuvieron la aprobación entre agosto de 2012 -cuando empezó el programa promulgado por el expresidente Barack Obama- y septiembre de 2017”, cuando la administración del presidente Donald Trump anunció su cancelación, señala el reporte.

La Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó el pasado cuatro de junio un proyecto de ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos, una normativa que tiene pocas posibilidades de pasar en el Senado y que el Ejecutivo ya advirtió que vetará.

La legislación que busca otorgar protección permanente a los “soñadores”, como se conoce a los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, fue aprobada por 237 votos a favor y 187 en contra.

TPS

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), fue creado en 1990 y concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de Estados afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Actualmente cerca de cerca de 430,000 inmigrantes son protegidos por el TPS, sin embargo en 2017 Trump anunció la cancelación de este beneficio para los indocumentados originarios de Haití, Nicaragua y El Salvador.

Los primeros beneficiados por el TPS fueron los 1,050 sudaneses que tenían permiso de trabajo y los 5,300 nicaragüenses a los que les expiró el amparo el 5 de enero de 2019.

Unos 58,600 haitianos y 262,500 salvadoreños amparados por el TPS, su plazo se les vence el 22 de julio y el 9 de septiembre de 2019 y están a la espera de la aprobación de la ley, conocida como H.R. 6, la cual de ser aprobada otorgaría una vía de acceso legal a la ciudadanía para miles de inmigrantes protegidos por varios programas de protección, entre ellos el TPS. 

DED

El programa Partida Forzada Diferida (DED, por sus siglas en inglés), es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro si son enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.

CSPA

La Ley de Protección del Estatus del Menor (CSPA por su sigla en inglés), también conocido como la Tarjeta Verde, consiste en que si alguien solicita el estatus de residente permanente legal (LPR), siendo menor, pero cumple los 21 años antes de que su estatus de LPR sea aprobado, esa persona ya no puede ser considerada un menor para propósitos de inmigración.

Cuando los solicitantes excedan el límite de edad, deben presentar una nueva solicitud y esperar aún más tiempo para obtener una Tarjeta Verde.

Esta medida se tomó debido a que muchos menores estaban excediendo la edad límite debido al alto número de casos en espera de procesamiento por parte de USCIS, así que puso en vigor la Ley CSPA, con el objetivo de proteger a menores de edad que solicitaron esta protección o quienes lo solicitaron siendo menores de edad y que debido al largo procedimiento, sus casos fueron resuelto cuando alcanzaron el límite de edad (21 años).   El CSPA entró en vigor el 6 de agosto de 2002.

El CSPA permite a algunas personas permanecer clasificadas como menores aún después de haber cumplido 21 años. Sin embargo, el requisito exigido para poder acceder a este beneficio es estar soltero.

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