Tras el fallecimiento este lunes de decenas de reclusos en una prisión ecuatoriana, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró este martes su profunda preocupación por la constante violencia en las cárceles del país donde han fallecido cerca de 400 reos en menos de dos años. El organismo pide una investigación de los sucesos.

La reacción de la vocera de Michelle Bachelet llegó tras la impactante noticia de la muerte de al menos 44 personas como consecuencia de los disturbios en una prisión de la ciudad norteña de Santo Domingo.

Citando a fuentes policiales ecuatorianas, Liz Throssell explicó en rueda de prensa en Ginebra que los disturbios se produjeron por el traslado de un preso conocido como “Anchundia”, vinculado a la banda R7, desde la cárcel de La Roca, en el suroeste del país, a la de Santo Domingo.

Casi 400 asesinatos en año y medio

Este acontecimiento dista de ser un caso aislado ya que recientemente se produjeron otros dos episodios violentos.

Throssell detalló que el pasado 25 de abril, un enfrentamiento entre presos de diferentes bandas acabó con 15 heridos en cárcel de El Inca, en la ciudad de Quito. Tres días antes, los disturbios en el centro penitenciario de Esmeraldas nº 2, en la costa norte, se saldó con doce reclusos lesionados.

La vocera destacó que estos “preocupantes incidentes” evidencian de nuevo “la urgente necesidad de una reforma integral del ordenamiento jurídico penal, incluido el sistema penitenciario.

Desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022 se han producido al menos 390 asesinatos en las cárceles de Ecuador, incluyendo una veintena de reclusos en una prisión del sur del país el pasado 3 de abril.

La Oficina de Bachelet pide una investigación de los hechos

La portavoz recordó que la seguridad de todas las personas bajo custodia recae en el Estado y que estas muertes le generan una presunción de responsabilidad, por lo que pidió una investigación completa de los incidentes.

Asimismo, señaló que el presidente Guillermo Lasso lanzó en febrero una estrategia de política pública para la rehabilitación social de los presos. El plan contó con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como con la participación de un amplio sector de la sociedad ecuatoriana, incluidas las familias de los presos y los propios reclusos.

“Alentamos al Estado a tomar medidas enérgicas y a proporcionar los recursos adecuados para implementar esta política”, declaró.

Del mismo modo, pidió a las autoridades ecuatorianas que “examinen detenidamente” las recomendaciones del informe de 2019 de la Alta Comisionada sobre los derechos humanos en la administración de justicia, destinadas a reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en las instalaciones de detención.

El gobierno también debe considerar la hoja de ruta propuesta por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de privación de libertad y garantizar una mejor gestión de las prisiones.

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