Según un informe publicado este martes por la misión que la Oficina de Michelle Bachelet envió al país sudamericano del 17 al 22 de noviembre, la policía incumplió las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

El grupo de expertos acudió al país andino a invitación del Gobierno con el objetivo de obtener información “sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino”, Manuel Merino, “así como para expresar otros motivos de descontento social”.

Entre los principales descubrimientos del informe se destaca el hecho de que las fuerzas de seguridad no distinguieron entre los manifestantes pacíficos, que eran la mayoría según apunta la investigación, y los violentos, que eran la minoría.

Tras entrevistarse con víctimas y testigos, analizar registros médicos y revisar cintas de audio y video, el estudio concluye que la policía disparó “perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno” a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma “indiscriminada y a corta distancia”.

Como resultado de estas acciones, dos manifestantes fallecieron tras recibir disparos en su torso y más de 200 personas resultaron heridas, entre ellos peatones.

“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden dispersarse en casos excepcionales”, comentó Michelle Bachelet.

La importancia de reconocer que se cometieron violaciones

La Alta Comisionada recordó que la fuerza letal solo puede usarse “contra personas específicas” y “para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”.

Al mismo tiempo, indicó que el uso de armas menos letales ha de guiarse por “requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza”.

Bachelet destacó que todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos han de investigarse de forma “rápida, independiente y exhaustiva”, observó que el hecho de que ya se han iniciado algunas pesquisas preliminares y destacó la importancia de que el Gobierno reconociera de forma pública “que se cometieron violaciones”.

“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, manifestó.

Queda probada la detención arbitraria de personas

El informe también destaca que se contravinieron las normas internacionales cuando los agentes de policía camuflados de civiles no se identificaron como tales cuando arrestaron a los manifestantes.

Del mismo modo, las víctimas explicaron que no se les proporciono acceso a asistencia legal y que se obligó a firmar declaraciones autoinculpatorias a algunos de los detenidos. “Teniendo en cuenta tales violaciones del derecho al debido proceso, entre otros factores, el informe concluye que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente.”

Muchas de las personas entrevistadas explicaron que las se les recluyó “en condiciones degradantes e insalubres” y que las dependencias carecían de medidas de prevención contra la COVID-19.

Diez de las personas detenidas explicaron a los integrantes de la misión que sufrieron abusos físicos, ocho relataron presuntos abusos psicológicos, una situación que podría constituir tortura o malos tratos, y también se informó de ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.

La investigación también evidencia “restricciones, amenazas y ataques” contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a defensores de los derechos humanos que cubrían las protestas, lo que indica “un menoscabo al derecho a la libertad de expresión”.

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