“La comunidad internacional debe reemplazar el castigo con el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y garanticen los derechos de todos”, declaró un grupo de más de más de 20 relatores especiales de la ONU en derechos humanos* en vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado cada 26 de junio.
En un pronunciamiento conjunto, los expertos llamaron a cambiar de raíz el enfoque que se da a la cuestión de las drogas para centrarlo en la salud y otros derechos humanos.
“La guerra contra las drogas puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas”, sostuvieron, advirtiendo que su impacto ha sido mayor entre quienes viven en la pobreza, ya que a menudo se suma a la discriminación dirigida a grupos marginados, minorías y pueblos indígenas”.
Afirmaron que las política de drogas, además de tener un efecto discriminatorio, regularmente atentan contra una amplia gama de las garantías fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad personal, a no ser objeto de tortura y malos tratos, a un juicio justo, a la salud, y a una vivienda adecuada, entre otros.
Sistema de control racial
Los relatores dijeron que a nivel mundial el control de las drogas ha tenido costos masivos muy altos para la dignidad, humanidad y libertad de las personas de ascendencia africana, que enfrentan intervenciones desproporcionadas e injustas de las fuerzas del orden, detenciones y encarcelamientos por delitos relacionados con las drogas.
Denunciaron que en algunos países, la guerra contra las drogas ha sido más efectiva como un sistema de control racial que como una herramienta para reducir los mercados de drogas.
“Las intervenciones policiales basadas en los perfiles raciales siguen siendo generalizadas, mientras que el acceso a tratamientos basados en evidencia y reducción de daños para las personas de ascendencia africana sigue siendo críticamente bajo”, apuntaron.
Discriminación por género
Con respecto a las mujeres que consumen drogas, señalaron que se les estigmatiza y discrimina a la hora de acceder a tratamientos para la dependencia y atención básica de salud, detallando que si bien la tercera parte de los adictos son mujeres, sólo representan un 20% de las personas que reciben tratamiento, además de que se les criminaliza y encarcela desproporcionadamente, precisando que el 35% de las mujeres en prisión fueron condenadas por delitos relacionados con las drogas, frente a un 19% de los hombres.
Los expertos consideraron que el sistema de justicia penal refleja la desigualdad de género sistémica en el que tienen mucho que ver también factores como la pobreza y la coerción; y destacaron que la mayoría de las mujeres que están en prisión por delitos relacionados con las drogas tienen un bajo nivel educativo.
La declaración recordó que todas las personas tienen derecho a tratamientos que salvan vidas y que son esenciales para la protección del derecho a la salud de los consumidores drogas. Sin embargo, según datos de la ONU, sólo una de cada ocho personas dependientes tiene acceso a un tratamiento adecuado, y la cobertura de servicios de reducción de daños sigue siendo muy baja.
“La situación es particularmente crítica para las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos discriminados, para quienes los servicios de reducción de daños y tratamiento pueden no estar adaptados ni responder a sus necesidades específicas. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ también enfrentan niveles aún más altos de estigma, incluido el autoestigma, y discriminación, que los hombres que consumen drogas”.
Personas mayores y pueblos indígenas
En cuanto a otros grupos de población discriminados, los relatores mencionaron a las personas mayores, en quienes se ha observado un aumento en el uso de analgésicos, tranquilizantes y sedantes, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19.
Los pueblos indígenas son otro colectivo que sufre la criminalización de sustancias han utilizado tradicionalmente como la hoja de coca. Este tipo de penalización puede dar lugar a la marginación de los sistemas de conocimiento y medicina tradicionales, lo que tiene amplios impactos en la salud y está arraigado en jerarquías y concepciones discriminatorias.
Por otra parte, indicaron que la criminalización obstaculiza el acceso a servicios de salud y otras violaciones de derechos humanos.
Despenalizar el consumo
“Como se solicita en la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en materia de drogas, el consumo y posesión de drogas para uso personal deben despenalizarse con carácter de urgencia. El consumo o la dependencia de drogas nunca son una justificación suficiente para detener a una persona. Los centros de detención y rehabilitación obligatoria de drogas deben cerrarse y reemplazarse por servicios de salud comunitarios de naturaleza voluntaria, basados en evidencia y en el respeto a los derechos humanos”, enfatizaron.
La ONU y la comunidad internacional tienen la responsabilidad histórica de revertir la devastación causada por décadas de la guerra contra las drogas contra las comunidades que han sido marginadas y discriminadas, insistieron.
Finalmente, los expertos exhortaron una vez más a los Estados y a las agencias de la ONU a fundamentar sus respuestas a la política de drogas en el derecho internacional de los derechos humanos. “Los Estados y los organismos internacionales que brindan asistencia financiera o técnica en materia de política de drogas deben garantizar que estas políticas respondan a cuestiones de género al tiempo que defienden y protegen activamente los derechos humanos y las libertades fundamentales”, concluyeron.
