Según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, durante el primer año de pandemia hubo más de 111.000 restricciones de viaje y cierres de fronteras en todo el mundo que alcanzaron su punto álgido en diciembre.

Estas medidas “han frustrado la capacidad de muchas personas de optar por la migración como una herramienta para escapar de los conflictos, el colapso económico, los desastres medioambientales y otras crisis”, sostuvo la Organización Internacional para las Migraciones.

A mediados de julio, casi tres millones de personas estaban varadas, a veces sin acceso a asistencia consular, ni a los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

La agencia de la ONU dijo indicó que miles de personas quedaron aisladas en la selva en Panamá cuando intentaban viajar al norte en dirección a Estados Unidos; mientras que en el Líbano, los trabajadores migrantes se vieron muy afectados por la explosión en el puerto de Beirut de agosto del año pasado y el posterior aumento de casos de COVID-19.

 Caída de las peticiones de asilo

Los cierres fronterizos también impidieron la búsqueda de alojamiento de los desplazados, una situación que no afectó a los viajeros de negocios, que “han seguido moviéndose con bastante libertad”, incluso a través de los llamados “carriles verdes” acordados, como el que une Singapur con Malasia.

En cambio, las personas que se desplazaron por necesidad -como los trabajadores migrantes y los refugiados- han tenido que sufragar los costosos gastos de cuarentena y autoaislamiento, dijo la OIM. Al mismo tiempo, señaló que, durante el primer semestre de 2020, las solicitudes de asilo disminuyeron en un tercio en comparación con el mismo período del año anterior.

Las restricciones no son iguales para todos

La Organización Internacional para las Migraciones apunta que mientras continúe la crisis del COVID es probable que todavía se acentúe más la distinción entre las personas que pueden desplazarse y las que no.

“Entre los que tienen los recursos y las oportunidades para desplazarse libremente, y aquellos cuyos desplazamientos están seriamente limitados por las restricciones de viaje y visado relacionadas o preexistentes con el COVID-19 y por los recursos limitados”

Esta desigualdad es aún más factible cuando se permite viajar a cualquier persona que haya sido vacunada o haya dado negativo en las pruebas de COVID-19, o a aquellos que tengan acceso a registros sanitarios digitales, algo imposible para muchos migrantes.

 El cierre de fronteras también redujo las alternativas de quienes viven en campamentos superpoblados con altas tasas de infección por coronavirus como en Bangladesh y Grecia, indicó el informe de la Organización.

 La COVID-19 cambia los patrones de migración regional en América Latina

El número de casos registrados de COVID-19 ha ido aumentando gradualmente en América del Sur y Central, y en febrero de 2021 representaban el 16% de todos los casos del mundo.

A pesar de ser una de las regiones más afectadas en términos de nuevos casos por millón de habitantes durante mediados de 2020, América del Sur y Central no experimentaron el mismo pico de nuevos casos que se registraron en Europa o América del Norte durante los últimos meses del año.

Pese a ello, las características específicas de algunas partes de la región han incrementado los impactos del COVID-19, entre ellas: sistemas de salud sobrecargados, inseguridad alimentaria aguda, altas tasas de urbanización (que llevan a situaciones de hacinamiento en la vida y el trabajo) y una alta dependencia de sectores muy afectados por la crisis como el turismo.

Esta situación ha aumentado la vulnerabilidad de las personas en movimiento en un sistema migratorio regional definido en los últimos años por el desplazamiento de más de 5,4 millones de venezolanos desde 2015.

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