El documento ayudará a los países a eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan utilizar los servicios de la justicia en todo el mundo, resaltaron los especialistas.

“Las directrices ofrecen una respuesta a los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás”, dijo Catalina Devandas, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

“Las barreras que impiden ese acceso son múltiples. Sólo por nombrar algunas, a menudo los juzgados o las comisarías de policía no son accesibles, o los funcionarios de los juzgados y los agentes de policía pueden pensar que las personas con discapacidad no pueden participar en los procedimientos judiciales o no tienen la capacidad de instruir a un abogado. Queremos ayudar a los países a desmantelar los obstáculos y sistemas paralelos que impiden el acceso de todas las personas a las garantías y derechos existentes”.

Un “manual práctico” para todos los países

Las pautas son el producto final del trabajo conjunto de los tres órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos de las personas con discapacidad y además se elaboraron en colaboración con expertos en derechos de la discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, Estados, académicos y otros actores.

“Estas directrices son una importante contribución al derecho internacional de los derechos humanos, y son un aporte indispensable para lograr la justicia para todos”, dijo el presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Danlami Basharu.

“Por primera vez, los países dispondrán de un manual práctico sobre cómo diseñar y aplicar sistemas legales que proporcionen a las personas con discapacidad un acceso equitativo a la justicia independientemente de su papel en el proceso, a fin ajustarlos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales”.

Decálogo de principios para la inclusión

Las directrices describen 10 principios de acceso a la justicia para las personas con discapacidad -como “las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con los demás”- y se detallan las medidas de aplicación de cada una de ellas.

“Creemos que hemos proporcionado un pilar del que muchos sistemas de justicia carecían: la inclusión de la discapacidad”, dijo María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Discapacidad y la Accesibilidad.

“Esto debería ser una herramienta valiosa para todos los integrantes del sistema judicial. Queremos asegurarnos de que las personas con discapacidad formen parte del sistema de la misma manera que forman parte de la sociedad, que puedan ejercer plenamente los derechos humanos que tienen en virtud de ser humanos”.

Catalina Devandas Aguilar, relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no reciben un salario por su trabajo.

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