El COVID-19 ha trastornado el mundo del trabajo y es probable que los efectos sean duraderos. Uno de los que más han sufrido han sido los que han estado en la primera línea de frente de la lucha contra el virus.

Más de 7000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis del COVID-19, y 136 millones de empleados en esos servicios y los de asistencia social corren el riesgo de contraer esa enfermedad, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

“No cabe una demostración más clara de la importancia que reviste contar con un entorno de seguridad y salud en el trabajo sólido y resiliente”, dijo Guy Ryder, director general de esa Organización.

Por ese motivo, es necesario que los países pongan en marcha sistemas de seguridad y salud en el trabajo sólidos y resistentes, a fin de mitigar los riesgos que corren todas las personas en el mundo del trabajo frente a futuras emergencias sanitarias, afirmó este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un nuevo informe, publicado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrado cada 28 de abril, la agencia de la ONU explica que para echar a andar estos sistemas hace falta invertir en infraestructura e integrar todas sus provisiones en los planes nacionales de preparación y respuesta a las crisis.

Además de proteger a los trabajadores, de esta manera se facilitaría la continuidad de la operación empresarial aún en tiempos de emergencia, sostiene la publicación.

Invertir en sistemas de seguridad y salud en el trabajo no sólo contribuirá a responder a la actual pandemia y a recuperarse más rápidamente evitando nuevos contagios, sino que creará resiliencia para hacer frente a cualquier crisis futura que pueda surgir, subraya.

El director general de la OIT se refirió a la pandemia de COVID-19 como “una demostración clara de la importancia de contar con un entorno de seguridad sólido y resiliente” en el mundo del trabajo.

“La labor de recuperación y prevención requiere la mejora de las políticas y los marcos institucionales y normativos a escala nacional, así como su adecuada integración en los marcos de respuesta frente a la crisis”, insistió Guy Ryder.

Según el estudio “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST”,  la emergencia del COVID-19 colocó a los trabajadores no sólo en riesgo de contraer el virus en el lugar de trabajo, sino que los sometió a restricciones de movilidad y produjo un aumento de las modalidades de teletrabajo, así como el cierre de muchas actividades comerciales y de manufactura.

Por ejemplo, antes de la pandemia, había unos 260 millones de trabajadores a domicilio (sin incluir a los trabajadores domésticos o de cuidados). La Organización Internacional del Trabajo estima que esa cifra podría haberse duplicado, con hasta uno de cada tres trabajadores trabajando a distancia en América del Norte y Europa, y uno de cada seis en África subsahariana.

La OIT señala que el impacto de la crisis afectó el mercado de trabajo, las condiciones laborales, los salarios y, en muchos casos, el acceso a protecciones como las licencias por enfermedad y las prestaciones sociales.

 Economía informal

Con respecto a los trabajadores de la economía informal, generalmente los más pobres y desprotegidos, el texto enfatiza que su vulnerabilidad se ha agudizado en el contexto de la pandemia.

Añade que las medidas de confinamiento total o parcial aplicadas en muchos países, que afectan a unos 5000 millones de personas en el mundo, han golpeado a unos 1600 millones de trabajadores informales, que trabajan en sectores como los servicios de alojamiento y alimentación, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la agricultura.

En cuanto a las mujeres, indica que son un colectivo sobrerrepresentado en los sectores más perjudicados.

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