Se abolió la pena de muerte después de tres años en Connecticut para cualquier crimen futuro, el Tribunal Superior del estado perdonó la vida de 11 reos de la entidad que permanecen en el pabellón de la muerte señalando que sería inconstitucional ejecutarlos.

Un abogado de la oficina del Defensor Público dijo que en cuestión de minutos se comunicaría con los clientes de la misma para compartir la noticia. “No habrá ya más pabellón de la muerte”, dijo Michael Courtney, director de la unidad de defensa en casos de pena capital de la oficina.

La determinación viene en una apelación de un doceavo reo, Eduardo Santiago, cuyos abogados argumentaron que cualquier ejecución realizada después de la derogación de 2012 constituiría un castigo cruel e inusual. Santiago, cuya primera sentencia fue revocada, enfrentó una segunda audiencia de sentencia y la posibilidad de ser ejecutado con inyección letal por un asesinato a sueldo ocurrido en 2000 en West Hartford.

La Corte Suprema de Connecticut, en un fallo con votación sumamente dividida de 4-3, estuvo de acuerdo con tal argumentación y determinó que la pena de muerte “ya no concuerda con los estándares contemporáneos de decencia y ya no sirve a ningún propósito legítimo de criminología”.

“Por estas razones, la ejecución de aquellos delincuentes que cometieron delitos capitales antes del 25 de abril de 2012 violaría la prohibición constitucional del estado contra castigo cruel e inusual”, escribió el juez Richard Palmer a nombre de la mayoría. Cadena perpetua Entre esos reos están Joshua Komisarjevsky y Steven Hayes, quienes fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una madre y sus dos hijas en una invasión a una casa en Cheshire en 2007 que fue muy publicitada.

La derogación de 2012, la cual estableció la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como castigo a crímenes que eran considerados antes delitos capitales, fue aprobada por legisladores para que fuera aplicada a crímenes futuros entre indignación pública de que pudiera perdonársele la vida a Komisarjevsky y Hayes. En su fallo, el juez Palmer escribió que no sería permisible ejecutar a otros condenados “simplemente para conseguir el fin políticamente popular de matar a dos reos especialmente infames”. La determinación del máximo tribunal del estado generó duras críticas de los tres jueces que se opusieron y de legisladores republicanos, quienes acusaron a la corte de adoptar el papel de la Legislatura. Santiago fue sentenciado en 2005 a morir por inyección letal por el homicidio de Joseph Niwinski, de 45 años. Pero la Corte Suprema estatal revocó la sentencia de muerte y ordenó una nueva fase de sentencia en 2012, argumentando que el magistrado del juicio impidió de manera incorrecta que el jurado tuviera evidencia crucial respecto al abuso severo que sufrió Santiago durante su crianza.

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