Michelle Bachelet manifestó su deseo de que la contienda electoral se desarrolle de modo pacífico, participativo e inclusivo y en un clima de respeto a los derechos humanos, especialmente tras la crisis que desencadenó la votación del año pasado que se tradujo en semanas de manifestaciones a favor y en contra del gobierno cuando se proclamó ganador al expresidente Evo Morales sin necesidad de que se celebrara una segunda vuelta.

“Saludo la determinación del pueblo boliviano de participar en las elecciones. Todos deberían poder ejercer el derecho al voto en paz, sin intimidaciones ni violencia. Estas elecciones representan una oportunidad para avanzar en los frentes social y económico, y para disminuir la extrema polarización que ha afectado a Bolivia en los últimos años”, destacó Bachelet.

La Alta Comisionada expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones “incendiarias” y las amenazas lanzadas por algunos políticos durante las últimas semanas, y por el creciente aumento de las agresiones físicas.

“Es esencial que todas las partes eviten nuevos actos de violencia que puedan desencadenar enfrentamientos”, afirmó. “Nadie quiere que se repitan los acontecimientos del año pasado, que dieron lugar a vastas violaciones y abusos de los derechos humanos -entre los que se cuentan por lo menos 30 muertos y más de 800 heridos- y que, en última instancia, todos pierdan”, recordó.

El pasado mes de noviembre la Oficina de la Alta Comisionada desplegó una misión en Bolivia que todavía permanece en el país andino con la misión de supervisar e informar sobre cualquier violación y abuso de los derechos humanos, incluso en el ámbito de las elecciones.

En caso de necesitarse una segunda vuelta, la siguiente votación tendría lugar el domingo 29 de noviembre.

Elecciones pospuestas: a la tercera fue la vencida

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció el 23 de julio que las elecciones presidenciales se celebrarían el 18 de octubre, lo que significó una segunda postergación de los comicios programados originalmente para el 3 de mayo y luego pospuestos para septiembre.

La Corte basó su decisión en los informes médicos que apuntaban a un pico de la pandemia de COVID-19 para fines de agosto y principios de septiembre.

La medida aumentó las tensiones que se viven en Bolivia desde los últimos meses del año pasado y generó una serie de protestas que incluyeron el bloqueo de carreteras.

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