El Salvador: Trato inhumano y muertes masivas en cárceles del país

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Por José Malespín, periodista nicaragüense.

El pasado 26 de marzo, las pandillas de El Salvador habían matado a más 62 personas en todo el país en apenas 24 horas, provocando la indignación del estado. En respuesta, el presidente Nayib Bukele y el congreso emprendieron una guerra contra las pandillas y declararon el estado de excepción.

La policía y el ejército se desplazaron por todo el país para emprender una campaña de arrestos, mientras el presidente Bukele tuiteaba la cifra diaria de terroristas detenidos y afirmaba que les “haría la vida imposible”.

La policía y el ejército cerraron barrios y pueblos completos, instalaron retenes y buscaron de puerta en puerta a los presuntos pandilleros.

Durante las jornadas de captura también fueron detenidas personas inocentes, quienes fueron confundidos con los delincuentes de las maras, entre ellos se llevaron a gente parada en la calle, de camino al trabajo, en sus trabajos, en sus casas, por portar tatuajes y por poseer antecedentes penales leves o graves.

Desde entonces, más de 55,000 personas habían sido detenidas haciendo colapsar el sistema de justicia salvadoreño. Los acusados prácticamente no tienen esperanza de que los jueces atiendan su caso de manera individual, ya que se celebran las audiencias de hasta 300 acusados a la vez y los abogados de oficio no pueden dar cobertura a tantos casos.

Según cifras del propio gobierno, las cárceles de El Salvador ya estaban abarrotadas antes de empezar la guerra contra las pandillas. El presidente Bukele anunció que construiría una “megacárcel”, aunque el proyecto sigue inconcluso.

En semanas recientes, han salido en libertad, bajo fianza, una pequeña cifra de detenidos, quienes empezaron a describir las condiciones inhumanas que se viven dentro de las cárceles.

Se ha atribuido las muertes en los penales a las rivalidades entre los pandilleros que están presos.

Sin embargo, el gobierno no ha dado cifras y ha negado a los organismos de derechos humanos las solicitudes de información pública sobre las muertes.

El gobierno de El Salvador se ha negado a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción.

Por su parte, el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, aseguró que no todos los presos tiene derecho a la reinserción en la sociedad, sosteniendo que algunos de los detenidos en el marco de la régimen de excepción declarado por el Gobierno permanecerán presos por siempre.