Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La “muerte cruzada” le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional en caso de tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna.
Una vez que Lasso decreta esta maniobra, el Consejo Nacional Electoral dispone de siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria.
Lasso se presentará nuevamente como candidato a la presidencia en estos comicios en los que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pierden sus atribuciones.
Hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar por decreto, pero deberá contar para ello con un visto bueno previo de la Corte Constitucional.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo Lasso en el anuncio.
Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, aseguró que junto a la Policía Nacional se “mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”.
El expresidente Rafael Correa, por su parte, calificó la decisión del presidente de “ilegal”.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”, escribió en su cuenta de Twitter.
La decisión de Lasso se produce un día después de que el mandatario presentó su defensa en el inicio del juicio político en su contra.
El presidente niega que haya tenido conocimiento de una supuesta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Lasso sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que su administración solicitó a la Contraloría una revisión de los mismos.
La votación para decidir si se le destituía o no debía producirse el próximo sábado en la Asamblea. Con su recurso a la “muerte cruzada”, Guillermo Lasso evitó que ocurriera.
