Se reunió en Neiva la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), liderada por el Ministerio del Interior, con el fin de hacer seguimiento a las prioridades de los municipios de Algeciras e Íquira.
Durante la jornada se realizó seguimiento exhaustivo a cada hecho denunciado por la comunidad, en particular la población víctima, la que está en proceso de reincorporación y normalización así como de líderes sociales, que han sido objeto de amenazas y atentados no solo en esos municipios sino en el departamento.
La directora territorial de la Unidad para las Víctimas Caquetá – Huila, Yhina Lombana, hizo énfasis en la importancia que da la CIPRAT al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes intervinientes, con miras a minimizar los riesgos.
“Lo que se pretende por parte del Ministerio es hacer presencia directa, que no todo sea desde la virtualidad, sino que pasemos a hacer acompañamiento directo en los municipios”, declaró al destacar el papel de la Unidad desde las PAE (Procedimiento Programa de Acompañamiento a la Inversión de los Recursos de la Indemnización con Enfoque Diferencial Étnico).
De igual modo, la CIPRAT acordó generar un espacio con enfoque étnico para Íquira, donde se convoque a más entidades que tienen a cargo el proceso de prevención del reclutamiento. Otro tanto se hará con la sociedad civil para tratar el tema de comunidades indígenas de Rionegro.
El Ministerio del Interior asumió los compromisos de comunicar de manera oficial la viabilidad del proyecto presentando por la Gobernación y el Departamento de Policía Huila para la instalación de cámaras de seguridad en Algeciras; brindar acompañamiento presencial para la actualización del plan integral de prevención en el marco del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición (SPPGNR), programado para el 29 de julio; convocar a la mesa técnica de identificación de medidas preventivas y de protección en el marco del Decreto 660 de 2018; coordinar una jornada de capacitación para actualizar el plan de seguridad y realizar en coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) un diplomado en temas de prevención.
La Unidad Nacional de Protección revisará las medidas de salvaguarda para los representantes del CRIHU y generará un espacio colectivo con los presidentes de las juntas de acción comunal, mientras que la Fiscalía se comprometió a gestionar, con la Dirección Nacional, la priorización del programa Futuro Colombia en lo concerniente a reclutamiento y trata de personas.
Por último, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de no renunciar a ninguno de los contextos de las Alertas Tempranas, en razón a que es deber del Estado adoptar acciones para que las condiciones mejoren. Eso incluye el tema de vías y comunicaciones, haciendo énfasis en la importancia de llegar a la comunidad con el componente estatal, especialmente con proyectos que mitiguen el riesgo.
También se continuará trabajado para proteger los derechos de la población en proceso de reincorporación y normalización, que ha sido objeto de varios homicidios según se denunció.
