El presidente electo, Joe Biden, reiteró esta semana en una entrevista con NBC que en los primeros 100 días de su mandato enviará un proyecto de ley de inmigración al Senado “con un camino hacia la ciudadanía” para más de 11 millones de indocumentados, una promesa que lanzó durante la campaña y que los republicamos miran con recelo.

 El demócrata, quien fue vicepresidente durante los dos gobiernos de Barack Obama (2009-2017) también ha dicho que utilizará el poder ejecutivo para, por medio de decretos, deshacer lo actuado por el mandatario Donald Trump en los últimos cuatro años, cambios que modificaron el sistema migratorio estadounidense.

Pero si bien el compromiso despierta entusiasmo en la comunidad inmigrante, muchos comprenden que avanzar un proyecto de ley en el Congreso dependerá, en gran medida, del resultado de las elecciones de dos escaños clave que falta por resolver en el estado de Georgia.

Hasta ahora, los republicanos han ganado 50 asientos en la Cámara Alta y los demócratas 48. Si el partido de Biden triunfa en los comicios del 3 de enero, el empate será dirimido con el voto de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, y los demócratas controlarán el pleno. Pero deberán negociar con los republicanos para aprobar leyes.

Y, en caso de que los republicanos ganen uno o los dos escaños en disputa, las negociaciones serán más difíciles porque la oposición tendrá una mayor capacidad política para presionar al nuevo gobierno.

 El presidente electo habla de “modernizar” la ley de inmigración y que para ello trabajará con el Congreso. En caso de no contar con el respaldo de ambas cámaras, Biden ha mencionado que deshará por medio de órdenes ejecutivas todo lo hecho por Trump desde enero de 2017 y fortalecerá el marco legal aprobado por el Congreso.

Entre los posibles decretos, expertos mencionan la recuperación de la política de asilo, el retiro de poderes extraordinarios otorgados a agentes fronterizos y regresarlo a los jueces de inmigración y la eliminación de restricciones impuestas a las cortes de inmigración.

También consideran posible el levantamiento de los obstáculos a la inmigración legal, la protección de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la extensión y el otorgamiento de nuevos TPS a indocumentados de países con problemas y que necesitan el beneficio humanitario.

La vía ejecutiva incluye, además, una moratoria de redadas y deportaciones y establecer nuevas prioridades de expulsión centrada en aquellos extranjeros que han cometido delitos criminales graves. Eso anularía lo decretado el 25 de enero de 2017, donde se estipula la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

 Para aprobar la reforma migratoria, Biden necesita 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado.

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