Durante la presentación oral en el Consejo de Derechos Humanos de varios informes anuales sobre diversos países, Michelle Bachelet especificó que los sucesos violentos en Colombia se produjeron en “un contexto de continua expansión territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.

Bachelet destacó que los grupos de población que sufrieron un mayor impacto de estas acciones fueron los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

La Oficina de la Alta Comisionada documentó el año pasado 78 masacres y cien homicidios de defensores de derechos humanos. A este balance, le añadió los 54 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP reportados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y los 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la Fuerza Pública.

“Hago un llamado a que el Gobierno establezca con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia. Además, es urgente que el Gobierno adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, solicitó.

Guatemala: los ataques contra fiscales y abogados socavan el Estado de derecho

Con relación a Guatemala, destacó que el país centroamericano continúa “enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos”.

Bachelet dijo que la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades y aumentó los niveles de pobreza, especialmente entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y en las personas con empleos informales, “una situación que requiere la atención urgente de las autoridades”.

La Alta Comisionada también resaltó los ataques y la persecución judicial contra los “operadores de la justicia” en el desempeño de su labor, e incluyó en este apartado un incremento de agresiones contra fiscales y abogados durante sus pesquisas en casos de corrupción e impunidad, y en “casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno”.

“Estos ataques representan un patrón preocupante que socava el Estado de derecho y la independencia judicial”, alertó, y mostró su preocupación por la falta de avances en la elección de las juezas y los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, un proceso que lleva un retrasado de casi tres años.

Aunque aplaudió los avances en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, subrayó el aumento de los ataques contra los defensores de las garantías fundamentales y periodistas.

“El año pasado, mi Oficina documentó 103 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y seis asesinatos, así como 33 ataques contra periodistas”, informó, manifestando su inquietud por el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas.

“El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público registró 60,089 casos de violencia contra mujeres y 478 femicidios. Mi Oficina tuvo conocimiento de al menos 29 personas LGBTI asesinadas”, explicó, y pidió que las autoridades tomen medidas inmediatas de prevención y protección.

Hombre vendiendo en su puesto de verduras en Tegucigalpa, Honduras.

Honduras: preocupación por el aumento de los índices de pobreza

Continuando con temática de violencia de género, Bachelet deploró las 318 muertes violentas de mujeres y las 28 muertes violentas de personas LGBTI que registró su Oficina en Honduras y rechazó los ataques y amenazas contra 302 defensores de los derechos humanos y periodistas, diez de los cuales fueron asesinados el año pasado.

Al mismo tiempo, destacó el crecimiento de  los índices de pobreza en el país centroamericano – del 64,7% en 2019 al 73,6% en 2021- con más del 40% de niños que no tuvieron acceso a educación formal.

Por último, reportó que la corrupción continúa siendo “un grave problema estructural que socava el Estado de Derecho”.

A modo de ejemplo, explicó que el Decreto 93-2021 sirvió para reformar varias leyes que facilitaron la excarcelación y la absolución de varios exfuncionarios que previamente fueron acusados y condenados por delitos relacionados con corrupción.

México y el Salvador: Hay que aumentar la protección de los periodistas

Previamente a las actualizaciones sobre estos tres países, la Alta Comisionada presentó ante el Consejo su informe de actualización global sobre las actividades de su Oficina y los recientes sucesos humanitarios.

Entre múltiples temas de ámbito mundial, la Alta Comisionada refirió que durante los dos primeros meses del año ya se han producido cinco asesinatos de informadores en México y que otros dos casos están pendientes de verificación.

Asimismo, mostró su preocupación por el presunto uso masivo de software malicioso para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.

“Hago un llamamiento a todos los gobiernos para que refuercen la protección de los periodistas, así como la rendición de cuentas por los delitos que les afectan. El trabajo legítimo de los periodistas merece fomento, protección y seguimiento, no censura ni estigmatización”.

Una familia esperando a subir a un tren de evacuación en Lviv, en el extremo occidental de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia.

Ucrania: Bachelet reitera su llamado al fin de las hostilidades  

Bachelet  también  reiteró su llamamiento urgente para que se ponga fin de forma pacífica a las hostilidades en Ucrania y pidió a todas las partes relacionadas con el conflicto a que tomen “medidas eficaces” para que los civiles atrapados en las zonas afectadas por las hostilidades puedan abandonarlas de forma segura.

“Hasta la fecha, hemos registrado al menos 1207 víctimas civiles desde que comenzó el último conflicto armado, el 24 de febrero, de las cuales 406 han muerto y 801 han resultado heridas. Sin embargo, creemos probable que las cifras exactas sean mucho más elevadas, ya que las hostilidades en curso han dificultado nuestra capacidad para verificar posibles casos en muchas partes del país”, añadió su portavoz, Liz Throssell.

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