La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó este lunes la ejecución colectiva de 81 personas que tuvo lugar el pasado sábado en Arabia Saudita. Los acusados fueron sentenciados a muerte bajo cargos de terrorismo.
Michelle Bachelet destacó que los juicios de algunas de las personas condenadas a muerte no cumplieron con las garantías procesales adecuadas, y que fueron sentenciados por delitos que no parecían ajustarse al criterio de máxima gravedad, como exige el derecho internacional.
“También me preocupa que algunas de las ejecuciones parezcan estar relacionadas con el actual conflicto armado en Yemen. La ejecución de penas de muerte tras juicios que no ofrecen las garantías de un juicio justo está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario y puede constituir un crimen de guerra”, advirtió.
Entre las personas decapitadas este sábado, 41 pertenecían a la minoría chiita y habrían participado en las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012 en las que se pedía una mayor participación política. Otras siete personas eran yemeníes y uno era de nacionalidad siria.
El ajusticiamiento del fin de semana superó el número total de ejecuciones del año 2021 que la Alta Comisionada cifró en 67.
La definición amplia de terrorismo afecta a la libertad de expresión
Una de las principales preocupaciones de Bachelet es que la legislación saudita contempla una definición extremadamente amplia de terrorismo, en la que se incluyen actos no violentos que supuestamente “ponen en peligro la unidad nacional” o “socavan la reputación del Estado”.
“Con ello se corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, destacó.
La Alta Comisionada recordó que la pena de muerte es “incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y de la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”.
“No proporcionar a los familiares información sobre las circunstancias de las ejecuciones puede equivaler a tortura y malos tratos. Las autoridades deben devolver los cuerpos de los ejecutados a sus familias”, especificó.
Aunque la pena de muerte es un delito en desuso en todo el mundo, Arabia Saudita es uno de los 38 países que continúa aplicándola.
Bachelet pidió a las autoridades sauditas que detengan todas las ejecuciones, que establezcan de inmediato una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y que conmuten las condenas a muerte de las personas sentenciadas.
Finalmente, les instó a que adapten todas las leyes antiterroristas a las disposiciones internacionales.
