Por Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, presidente del Congreso Mundial de Prensa y presidente del Congreso Mundial de Universidades, residente en New York. 

“La realidad suprema de nuestro planeta es la vulnerabilidad de nuestro planeta.” John F. Kennedy 

El Día de la Tierra tiene su origen en 1962 cuando el senador de EE.UU. Gaylord Nelson convenció al entonces presidente John F. Kennedy para que se embarcara en un recorrido por varios parques nacionales del país con el fin de difundir a la sociedad los valores relativos a la preservación del medio ambiente, desde entonces, autoridades de distintos países del mundo organizan actos similares y la propia ONU tiene un recuerdo específico para este aniversario conservacionista. 

El 22 de abril, como cada año, se celebra el Día Internacional de la Tierra, una jornada que invita a reflexionar, reivindicar y poner en marcha mecanismos que ayuden a proteger el medio ambiente y reducir los niveles de contaminación que sufre el planeta. 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Actualmente cuenta con doce ratificaciones (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay). 

El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre los 24 países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú 

Este acuerdo fue el primero realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 

El acuerdo fue firmado finalmente por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente por otros 10 países más y está a la espera del proceso de ratificación respectivo por cada Estado firmante. 

Este acuerdo regional es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. 

Durante la Declaración, los países firmantes se comprometieron a avanzar en la obtención de una herramienta regional que facilite la implementación completa de los derechos al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Como resultado, el 4 de marzo de 2018 fue adoptado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América y el Caribe -Acuerdo de Escazú, el cual estará abierto a la firma de los países de América Latina y el Caribe por un periodo de dos (2) años, a partir del 27 de septiembre de 2018 y hasta el 26 de septiembre de 2020. 

El Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales, lo cuales contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud. 

El objetivo principal dicho acuerdo es garantizar a toda la población de la región cinco temas fundamentales: a) el acceso a toda la información relacionada con el medio ambiente; b) la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones ambientales; c) justicia ambiental; d) fortalecimiento de las capacidades individuales de las generaciones actuales y futuras orientadas a habitar un mundo sustentable, y e) la protección de los defensores del medio ambiente, este último punto es de especial importancia si se tiene en cuenta que esta región es un foco mundial de conflictos ambientales y una de las más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente 

Este debe crear un entorno seguro para los defensores y las defensoras ambientales antes de que sean víctimas de amenazas o asesinato por denunciar la corrupción y actividades legales e ilegales de poderosos intereses económicos. Para ello, como Estado tiene la obligación de formar y sensibilizar a los funcionarios públicos y jueces sobre los derechos humanos vinculados con el ambiente por lo que defender el ambiente es un ejercicio peligroso en cualquier parte del mundo, porque denuncian la corrupción, actividades ilegales y afectan poderosos intereses económicos legales e ilegales, no es una nueva obligación su protección, pero es el primer tratado que reconoce expresamente a los defensores ambientales 

América es una región con una gran riqueza natural y cultural, marcada por el mestizaje, enriquecida por sangre indígena, africana y europea. Así mismo, nuestros países se encuentran entre los primeros del mundo en gran variedad de especies de aves, anfibios, peces, palmas, etc. Esta enorme riqueza y diversidad, más allá de representar un privilegio, con lleva una enorme responsabilidad, que en las últimas décadas ha generado iniciativas colectivas para promover la conservación y el uso sustentable de nuestros recursos naturales.   

Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado por 24 países de la región, México y otros países, entrará en vigor hoy mismo 22 de abril coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra, por lo que este acuerdo, sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales. 

Se celebra la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, una reunión virtual a la que han sido invitados cerca de 40 líderes mundiales por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que el tema del ambiente es uno de los más claramente globalizados, son varias las iniciativas que tienen objetivos similares, compartidos o complementarios.  

Acuerdo de París está fundamentalmente centrado en el calentamiento global y climático, sobre la base de esta constatación, que hasta tiene datos en años del plazo que tenemos para cambiar, hay planes de acción con medidas que los Estados deben tomar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

La Agenda 2030 es más grande, los 193 países miembros estuvieron discutiendo para llegar a un acuerdo sobre qué agenda mundial de desarrollo sostenible van a tener, por lo que hay una serie de metas, entre esos objetivos, hay siete sobre energía no contaminante, 12 sobre producción y consumo responsable, y además está el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas que establece entre sus metas el acceso a información, participación, toma de decisiones y el acceso a la justicia, estos hay que verlos como instrumentos complementarios. 

Pero la Agenda 2030 y Acuerdo de París son globales y en el caso del Acuerdo de Escazú es un acuerdo de región y es absolutamente innovador, porque no sólo abarca en términos generales obligaciones del Estado, sino que abarca la protección de grupos de defensores, por lo que hay que verlo como agendas internacionales muy complementarias. 

Este tratado es una oportunidad para reforzar la difusión en la población en general y la formación de los funcionarios que tendrán un rol particular, también hay que generar alianzas con sociedad civil, organizaciones y personas que defienden los derechos humanos ambientales que tienen la experticia para esto.  

Además, no hay ninguna ley ni política que tenga un impacto en la realidad, en este caso en el derecho de las personas y la naturaleza, sin presupuesto ni fondos, y es parte de las obligaciones del Estado. 

“La Tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos.” Proverbio indio 

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